El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos leyes que tienen el objetivo de acabar con la brecha salarial de género (que supera el 22 %) y avanzar en la consecución de la igualdad real en las empresas del país. A través de este decreto se obliga a las compañías a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.  Las empresas contarán con un plazo de seis meses a partir de ahora para empezar a usar dichas herramientas en los términos que exige la ley. 

La elaboración de las leyes se ha llevado a cabo de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad y, tal y como han recalcado las ministras, Yolanda Díaz e Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un avance “histórico”. Tal y como ha destacado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, perpetuar la discriminación es una “falta muy grave” y la sanción que se impondrá oscilará entre los 6.200 y los 178.000 euros, sin tener en cuenta los ingresos y el tamaño de la compañía ya que, “con los derechos sociales no se juega”, dijo.

Claves 

En el texto, se establece que todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto en función del género. Las empresas deberán realizar, además, una auditoría retributiva, lo que consiste en un diagnóstico de la situación salarial y un plan de acción para corregir posibles diferencias y, a su misma vez, prevenirlas. De esta forma, se establece que los trabajos de igual valor deben tener la misma retribución.

Por otro lado, las ministras han explicado que se van a desarrollar las herramientas modelo que estarán disponibles de forma gratuita para las empresas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo, con el fin de tener una información dividida por clasificación profesional y por trabajos de igual valor.

De la misma forma, cabe destacar que el nuevo marco requiere del desarrollo de un reglamento que concrete sus presupuestos y determine el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos como pueden ser el concepto de trabajo de igual valor, dando certeza y seguridad jurídica acerca de su alcance y la necesidad de que sean tenidos en cuenta factores objetivos vinculados de manera estricta y necesaria con el trabajo desempeñado, entre otros.